El Gobierno tiene preparado un borrador en el que se rebajan las primas (el dinero que aporta el Estado para obtener unos resultados) pactadas con el sector de la energía renovable. En pleno periodo de debate y análisis sobre el calentamiento global, de anuncios de planes para rebajar las emisiones de gases a la atmósfera, es la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la que, ante la pregunta del PP y CiU, en la Comisión del Congreso, reconocía que se proponían rebajar las primas a las empresas dedicadas al fomento de las energías renovables. Lo reconoció, pese a las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que asegura que reducirá progresivamente la dependencia de la energía nuclear en beneficio de las renovables. El anuncio ha alarmado a un sector que, según ellos mismos explican, quiere unas «reglas del juego» duraderas, al menos tanto como sus inversiones en España.
Teresa de Lara, diputada popular, explicaba a este periódico su perplejidad por el proyecto del Gobierno: «Se rebajará el dinero que se concede a las energías renovables», explica De Lara que dijo la ministra. No es un tema puramente medioambiental, de hecho la medida se toma desde el Ministerio de Industria, no desde Medio Ambiente, aunque evidentemente está relacionada con el departamento encargado de controlar los desvanes ecológicos.
Las reglas del juego
El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González, explica su postura ante este nuevo cambio de la normativa que prepara el Ejecutivo y que ellos ya conocen: «No se pueden cambiar las reglas del juego cada vez que llega un nuevo Gobierno», denuncia.
Y es que, a parte de los perjuicios económicos que supone para muchas empresas el cambio normativo, desde la APPA se incide en la inseguridad jurídica que supone para el sector la pretendida modificación. «Es como si en un partido once contra once te dicen en el descanso que pasa a ser siete contra siete», ejemplifica González.
«Las inversiones en energía renovable son muy costosas. Para obtener, por ejemplo, un megavatio eólico hay que invertir 1,2 millones de euros. Esto hace que los planes se hagan a largo plazo, las empresas cuentan con primas que, si se les retiran, pueden hacer que sea imposible la amortización de la inversión», incide. Hace menos de tres años, en 2004, se aprobaba el Real Decreto 436 sobre las renovables. En él se garantizaban unas reglas y unas primas a cobrar por las empresas dedicadas a producir este tipo de energía. «Todavía hoy es muy caro producir energía limpia», explica De Lara.
Por este motivo, en España se establecieron primas para que las sociedades puedan hacer productivo un negocio que es una apuesta de futuro, pero que todavía no es rentable por sí solo debido al alto coste de las infraestructuras necesarias para iniciar la producción. «En el anterior Decreto se establecían unas primas para el caso de la energía eólica que sólo dos años después se planea rebajar a la mitad», explica González. Es decir, inversiones que se hacen pensando en plazos de amortización de 15 o 25 años ven ahora peligrar su cuenta de resultados. «El mismo futuro le espera a la energía hidráulica», siempre y cuando salga adelante el proyecto del Gobierno, dicen en APPA. La energía fotovoltaica (solar) también modifica toda la normativa actual. Igual futuro le espera a la energía basada en la biomasa, aunque en este caso las primas suben, ya que se trata de un sector que apenas tiene desarrollo en nuestro país.
Desde el sector reiteran que «no se trata de hablar sólo de euros, que es muy importante, se trata de dar seguridad a los inversores». A juicio de los productores, el Gobierno no está apoyando a las empresas que pueden conseguir acabar con el problema de la contaminación y, también, del desarrollo energético. «Al presidente del Gobierno se le llena la boca de decir que apoya a las renovables, pero el movimiento se demuestra andando», critica González.
La situación actual puede llevar a un futuro en el que se arrincone a la energía limpia. De hecho, Narbona aportó los datos sobre producción de 2005. Las cifras no son buenas. En el año 2004, el 7,2 por ciento de la energía producida en España era renovable. En 2005, la cifra bajó hasta el 6 por ciento. En sólo un año, un punto de bajada en un sector que debería estar al alza si, como se dice, se quiere cumplir con el Protocolo de Kioto y rebajar las emisiones que se lanzan a la atmósfera.
Además, explica la diputada, «el actual borrador se presentó en la Comisión Nacional de la Energía y fue rechazado. Pero Industria sigue diciendo que lo sacará adelante». La Razon
